Detener la oposición a cualquier regla que despenalice la eutanasia o legalice la muerte por petición. Así lo reiteraron los representantes evangélicos, hindúes, islámicos, judíos, católicos, ortodoxos, budistas, adventistas y mormones del Grupo de Trabajo Interreligioso ‘Religiones-salud’, recibido ayer por el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
El enfrentamiento tuvo lugar en la víspera del examen en el Parlamento de la propuesta de despenalización programada para el próximo jueves.
Los líderes de las diversas confesiones religiosas en Portugal habían firmado una declaración conjunta en el 2018 titulada ‘Cuidando hasta el final con compasión’, cuyo contenido fue confirmado durante la conferencia de prensa celebrada el 12 de febrero en la casa de la Orden de San Juan de Dios en Lisboa.
Al final de la reunión de ayer, el padre Fernando Sampaio, coordinador nacional de las capellanías de los hospitales, reiteró que “el fundamento de los marcos legislativos es la vida, no la muerte”.
Jorge Humberto, representante de la Alianza Evangélica, subrayó a su vez que las preocupaciones de los representantes religiosos son “legítimas” y tienen un único objetivo: la defensa de la dignidad humana.
“En nuestra opinión, esta dignidad no requiere una ley que despenalice la eutanasia, sino regulaciones que fomenten los cuidados paliativos en Portugal”.
La declaración emitida al margen de la reunión del Grupo explica: “La posibilidad legal de muerte asistida por eutanasia o suicidio asistido es equivalente a presionar por la opción de muerte”. Según los peticionarios, la legalización de la eutanasia “constituiría un grave acto de renuncia colectiva frente a los que sufren”.
En vistas del debate parlamentario, el presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal Manuel Clemente, aseguró que los obispos lanzarán una nueva campaña de sensibilización también fuera de la Iglesia, porque “es un problema humanitario y la humanidad concierne a todos”. La Iglesia portuguesa anunció una nueva movilización contra su legalización para hacerle frente a la decisión del Parlamento el próximo 20 de febrero. (I)
