El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley en 2019 llamada AB 218, que extendió el estatuto de limitaciones para las víctimas de abuso sexual infantil. La ley permite que las víctimas presenten demandas civiles por abuso sexual infantil hasta los 40 años o cinco años después de descubrir los daños causados por el abuso. Anteriormente, los reclamos debían presentarse antes de los 26 años o dentro de los tres años posteriores al descubrimiento de los daños causados por el abuso.
“Como resultado de este cambio en la ley, la Diócesis de San Diego ha recibido aproximadamente 400 demandas por daños monetarios por presuntos actos de abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos y laicos en la diócesis”, escribió McElroy.
“La mayoría de estos juicios se refieren a acciones que tuvieron lugar hace más de medio siglo. Un aspecto importante de estas demandas es que ninguna de ellas alega abuso sexual por parte de ningún sacerdote de la Diócesis de San Diego actualmente en el ministerio. Esto refleja la realidad de que la Iglesia ha dado enormes pasos para erradicar el abuso sexual de menores en su vida y para promover la protección de los menores”.
En 2007, la Diócesis de San Diego pagó $198 millones para resolver 144 reclamos de abuso que se habían presentado durante un levantamiento anterior del estatuto de limitaciones, continuó McElroy.
“Esto agotó la mayor parte de los bienes de la diócesis. Incluso con el seguro, la diócesis no podrá pagar sumas similares ahora. Este desafío se ve agravado por el hecho de que ahora se ha presentado un proyecto de ley en la Legislatura que busca eliminar el estatuto de limitaciones por completo, dejando a la diócesis vulnerable a posibles demandas para siempre”, escribió McElroy.
Por separado, hablando con los periodistas el viernes, Kevin Eckery, director de comunicaciones de la diócesis, predijo que le costaría a la diócesis 550 millones de dólares resolver los casos actuales.
