La iniciativa fue elaborada en la Secretaría de Culto, que convocó a distintas confesiones religiosas para reemplazar la legislación actual, sancionada por el gobierno militar en 1978, que creó el actual Registro Nacional de Cultos.
Pasará primero por la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que preside la macrista Cornelia Schmidt-Liermann, aunque el propio Estrada es consciente de las limitadas sesiones que habitualmente tiene el Congreso en un año electoral.
Uno de los principales cambios que incorpora el proyecto es que la inscripción en el Registro Nacional de Cultos -que pasará a llamarse Registro Nacional de Entidades Religiosas- deja de ser obligatoria y pasa a ser optativa. De esta manera, se pasa de un «sistema de control y vigilancia» de las comunidades religiosas, a uno donde «se valora la libertad religiosa prevista en la Constitución Nacional», según destacan en la Secretaría de Culto.
«Adecuación razonable». Un punto importante que incorpora la iniciativa oficial es que introduce el concepto de «adecuación razonable» en el ámbito laboral -una especie de garantía para los trabajadores de no verse forzados a laborar días incompatibles con sus creencias o bien realizar prácticas que violenten las mismas.
«Objeción de conciencia». Darle un marco legal al derecho de no estar obligados a realizar actos «legales» que lesionen la fe de un individuo.
Actualmente, el Registro Nacional de Cultos obliga a inscribirse a todas las organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades en la Argentina, con excepción de la Iglesia Católica, que tiene un régimen especial por su condición de persona jurídica pública.
