Sobre la Iglesia católica, que recibe subsidios millonarios del Estado, pesan crímenes contra la humanidad perpetrados en muchos países y durante toda su existencia.
En Argentina, como se comprobó judicialmente, los obispos y la Curia en general jugaron un rol clave en el Plan Sistemático de Robo de Bebés durante la dictadura cívico-militar. Sin embargo, fue la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito llevada adelante por miles de mujeres en todo el país, la que dejó más en evidencia aún el poder reaccionario de la Iglesia Católica y la que puso en el centro de la escena la necesidad de separar a esa institución religiosa del Estado.
Este justo y necesario reclamo, que desde la izquierda y los organismos de derechos humanos independientes reclamamos desde hace décadas, es fundamental en la continuidad y fortalecimiento de la lucha para que miles de mujeres dejen de morir por abortos clandestinos . Y también para lograr que la alta jerarquía eclesiástica y aquellos que participaron del robo de bebés durante la dictadura, paguen por sus crímenes.
Por que si a los hijos de desaparecidos nos quitaron el derecho a la identidad, la generación de nuestros hijos quieren quitarles el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
El rol del MFC
El Movimiento Familiar Cristiano (MFC) era una institución acreditada por el Episcopado argentino que cumplía un rol de agencia mediadora entre los niños nacidos durante el cautiverio de sus madres en los centros clandestinos y sus apropiadores, que en su gran mayoría eran miembros de las fuerzas de seguridad (o personas ligadas a ellos).
Uno de los casos que demuestran el rol del Movimiento Familiar Cristiano es el de la maternidad clandestina más grande del país, la de Campo de Mayo. Esta organización, con el aval de la jerarquía católica, funcionaba como una agencia de adopción, que entre otras cosas falsificaba documentación para adulterar la procedencia de los bebés y así lograr “ubicarlos” con una aparente legalidad.
La nieta recuperada Laura Catalina De Sanctis Ovando, cuando declaró en el juicio del Plan Sistemático de Robo de Bebés, mostró una carta que su apropiadora escribió en la que decía que la había visitado una persona del MFC y le había dicho que los partos eran buenos y que los bebés que entregaban eran “sanitos”.
Con esa prueba, se abrió toda una vía de investigación nueva, a la que se suman también otros casos conocidos como el de Milagros Castelli Trotta y Belén Altamiranda Taranto. En esa investigación se estima que sobre los 119 casos en estudio habrían sido 70 en los que intervino el MFC. Eso surge del allanamiento a una sola de sus sedes.
Cabe recordar que, como también quedó demostrado judicialmente, la filial argentina de la automotriz alemana Mercedes Benz en el año 1975 “donó” un equipo de obstetricia al Hospital Militar de Campo de Mayo.Una muestra más de que el Plan Sistemático de Robo de Bebés fue planificado previamente al golpe genocida.
A su vez la periodista Gaby Weber hizo una investigación muy seria sobre bebés adoptados por gerentes de la Mercedes Benz y también por un gerente de Bayer, hechos en los que intervino directamente el Movimiento Familiar Cristiano.
La actual jerarquía de la Iglesia es responsable
Desde 1983 a esta parte la Curia ha intentado, por un lado, “reconciliar” a la sociedad con los genocidas y, por otro, limpiar su propia imagen por su complicidad y hasta participación directa en los crímenes de la dictadura.
Pero a lo largo de estos años ha quedado demostrado su silencio cómplice y su participación directa. Respecto a la actual máxima autoridad de la Iglesia, Jorge Bergoglio, como denuncié apenas asumió como Papa en el Vaticano, si bien no apropió niños o niñas en forma directa, durante la dictadura ya era una autoridad eclesiástica (máximo líder de la congregación jesuita local) y como tal no podía desconocer lo que pasaba.
Hay un caso en particular que prueba que el actual Papa supo de las apropiaciones de bebés en 1977. Es el caso de Licha de la Cuadra, la primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que se murió a los 91 años con dos de sus hijos y un yerno desaparecidos, y sin encontrar a su nieta, nacida en cautiverio.
Están las declaraciones de Estela de la Cuadra, su hija, en el juicio por el Plan Sistemático de Robo de Bebés; ahí ella cuenta que sus padres tuvieron un intercambio con las máximas jerarquías internacionales de los jesuitas, que se contactaron con Bergoglio y a través de él con la autoridad jesuita de La Plata para saber qué había pasado con su nieta, y la respuesta fue que ya estaba con una familia y no se podía hacer nada.
Esa documentación está en la causa, y Bergoglio tuvo que ir a declarar por esto. Y cuando declaró, dijo que recién se había enterado del caso hacía diez años, para después decir que en realidad lo sabía desde el juicio a las Juntas. Sus propias palabras dejan claro que ocultó y lo sigue haciendo durante todos estos años lo que sabe.
Pero la impunidad que les fue garantizada por todos los gobiernos, hace que al día de hoy el único juzgado y condenado a reclusión perpetua por 34 privaciones ilegales de la libertad, 31 casos de tortura y 7 homicidios, sea el excapellán de la Policía Bonaerenses Christian Von Wernich.
Y como dice el dicho, para muestra un botón: este genocida sigue siendo sacerdote de la Iglesia católica sin que nadie lo haya expulsado y ni siquiera han repudiando su accionar.
Los que durante todos estos años luchamos contra la impunidad y por la cárcel común y efectiva para los genocidas no cuestionamos la fe de nadie; la gente puede tener fe en lo que quiere y lo que puede. Estamos hablando de la institución y de curas que bendecían las sesiones de tortura, que tuvieron que ver con los vuelos de la muerte y con la apropiación de niños, que siguen impunes.
Que abran todos los archivos de la dictadura
La Iglesia Católica tiene uno de los mayores archivos sobre lo ocurrido durante la dictadura, que han prometido abrir pero en realidad no han aportado nada ni han dicho todo lo que saben.
Chicha Mariani, que hace pocos días falleció sin conocer a su nieta Clara Anahí, en una entrevista realizada por este diario relató que desesperada fue a la Catedral de La Plata para que la ayuden a encontrar a su nieta a pocos días de su secuestro. “Fui para hablar con monseñor Monte. Él había preparado y casado a los chicos (su hijo y su nuera) en una sentida ceremonia religiosa, como él mismo la describía. Le pedí si podía averiguar sobre Clara Anahí; me dijo que tenía el caso muy presente y que volviera en unos días. Así lo hice. Regresé esperanzada, pero su actitud cambió. Me dijo que me dejara de molestar, que Clara Anahí estaba en buenas manos y que yo estaba poniéndola en peligro al andar de aquí para allá y que también corría la misma suerte para la gente que la estaba protegiendo. Me largué a llorar desesperadamente; me señaló la puerta y me dijo que rece, le falta fé. Sentí desmoronarse el mundo. Porque Montes sabía dónde y con quién estaba Clara Anahí en ese momento”, dijo Chicha.
Al día de hoy la Iglesia y todos los gobiernos, incluido el actual y los anteriores, se negaron a abrir los archivos. Es una decisión política para seguir sosteniendo la impunidad porque hay sectores de poder que no se quieren tocar en este país.
Con esos archivos podríamos acceder las víctimas y familiares a las nóminas de quiénes estuvieron en las maternidades, en los hospitales militares, en las comisarías. La carga de la prueba sigue estando sobre nosotros, somos nosotros los que tenemos que investigar y probar. Es una crueldad que las abuelas se mueran sin saber qué pasó con sus hijos y sus nietos.
La mayoría de los genocidas se mueren en su casa o libres. Hay juicios, pero son pocos con relación a la cantidad de delitos que se cometieron y la cantidad de personas que participaron.
Las fuerzas de seguridad fueron el brazo armado del golpe, pero los que acudieron y apoyaron a los militares fue el empresariado argentino. Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Techint, solo por nombrar algunas. Esos sectores son los que hoy se siguen beneficiando con este modelo económico bajo un manto de impunidad.
Todos los gobiernos constitucionales hasta el momento les han garantizado la impunidad y la Iglesia, que es la enemiga número uno de los derechos de las mujeres, sigue recibiendo subsidios millonarios del Estado.
Es imprescindible que toda la jerarquía de esta institución oscurantista, se pasada o actual, pague por los crímenes cometidos o por encubrirlos durante décadas. Más que nunca redoblaremos la apuesta en esta lucha contra la impunidad. Que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, tiene más vigencia que nunca.
