La noticia de las investigaciones llevadas a cabo por el poder judicial vaticano sobre algunas personas al servicio de los órganos de la Santa Sede ha tenido, comprensiblemente, un eco considerable en los medios de comunicación. Entre las interpretaciones, comentarios y análisis que acompañaron la divulgación de las noticias por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, no se ha subrayado suficientemente una evidencia: lo que sucedió atestigua concretamente que los procesos iniciados por Benedicto XVI y llevados a cabo por su sucesor, funcionan.
Es testimonio de que se están aplicando las nuevas leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano y de que los órganos de control y revisión, así como los propios órganos controlados, pueden informar al poder judicial de cualquier anomalía pidiendo claridad. El doloroso procedimiento anunciado en estos días no es, por lo tanto, un síntoma del fracaso de un sistema. Al contrario, muestra que el sistema ha desarrollado los anticuerpos para reaccionar y que el camino de las reformas de los organismos económico-financieros está bien dirigido.
Pero hay que hacer una segunda consideración, igualmente importante, que hace referencia a lo que ocurrió al día siguiente de la divulgación de la nota de la Oficina de Prensa de la Santa Sede: las personas sometidas a las investigaciones han sido objeto de un verdadero escándalo mediático con la publicación de sus fotos, a pesar de que todavía no se han determinado las posibles responsabilidades. Las personas involucradas en la investigación tenían y tienen derecho a ser respetadas por su dignidad como hombres y mujeres, ya sean sacerdotes o padres y madres de familia.
El poder judicial vaticano ha iniciado investigaciones sobre los autores, desconocidos hasta la fecha, y sobre los métodos de esta deplorable revelación de información.
