Mediante la gestión de las disputas inmobiliarias en acto «un intento sistemático de minar la integridad de la Ciudad Santa de Jerusalén y de la Tierra Santa, y de debilitar la presencia cristiana». Lo denunciaron con una declaración común los Patriarcas y jefes de las Iglesias de Jerusalén, que expresaron su posición al lado del Patriarca Teófilo III, que desde hace algunas semanas está en el blanco de cuestiones relacionadas con la propiedad de los inmuebles greco-ortodoxos en la Ciudad Santa.
Son dos las cuestiones que han suscitado este texto firmado por los líderes de todas las confesiones, entre los que también están el administrador apostólico del Patriarcado latino, monseñor Pierbattista Pizzaballa, y el Custodio de la Tierra Santa, el padre Francesco Patton. El tema más espinoso es el veredicto pronunciado sobre el escándalo Jaffa Gate, una compraventa de dos hoteles que pertenecían al Patriarcado greco-ortodoxo en el barrio cristiano de la Ciudad Vieja: las dos estructuras acabaron en manos del Ateret Cohanim, el movimiento más importante de la derecha religiosa hebraica.
El caso comenzó en 2005, cuando debido al escándalo perdió la cátedra el predecesor de Teófilo III, el entonces Patriarca Ireneo. Desde entonces, el Patriarcado impugnó el acto sosteniendo que había sido engañado por el propio administrador, que habría vendido el Hotel Petra y el Hotel Imperial al Ateret Cohanim sin tener una orden para hacerlo. En el tribunal, además aportó evidencias que demostrarían que el hombre (quien huyó con el dinero) habría ganado también una considerable suma de parte de la organización de vinculada con los colonos.
Pero estas tesis no fueron acogidas por la Suprema Corte de Jerusalén, que el primero de agosto declaró la compraventa válida y dio razón al Ateret Cohanim. Teófilo III rechazó el veredicto y anunció un apelo ante la Suprema Corte israelí. En la declaración común, los líderes de las demás confesiones declaran que apoyan al Patriarca y explican que se trata de un caso «que no afecta solo a una Iglesia, sino a todos nosotros».
De hecho, no es difícil ver detrás una cuestión que va mucho más allá del destino de dos hoteles: el punto es la defensa de la identidad del barrio cristiano dentro de la Ciudad Vieja de Jerusalén, frente a nuevos intentos dela derecha religiosa hebraica de adquirir cada vez mayores espacios en detrimento de las demás confesiones religiosas. Por ello, la declaración común se apela expresamente al «respeto de lo Status Quo», el sistema de reglas común que desde los tiempos del imperio otomano salvaguarda los derechos de todas las comunidades dentro de la Ciudad Santa. Extendiendo, pues, la perspectiva de un perfil exquisitamente inmobiliario a la cuestión mucho más sustancial del rostro plural de Jerusalén, que precisamente este tipo de operaciones pretenderían revertir.
Por lo demás, lo que preocupa es también un segundo caso que en estas últimas semanas se ha entrelazado con el contencioso anterior: un proyecto de ley presentado en la Knesset, el Parlamento israelí, sobre los derechos de las Iglesias con respecto a sus propiedades. Como telón de fondo está la delicadísima cuestión de las casas y de las estructuras públicas construidas durante la década de los años cincuenta del siglo pasado sobre terrenos que pertenecen al patriarcado greco-ortodoxo. En esa época, el Jewish National Fund buscaba urgentemente en Jerusalén Oeste áreas edificables y al mismo tiempo la mayor Iglesia cristiana local debía sustituir sus ingresos agrícolas para sustentar a los monjes con nuevas inversiones en el contexto de una ciudad en expansión. La solución fueron contratos de alquiler que duraban 99 años, al final de los cuales el patriarcado podía mantener todos los derechos sobre la propiedad. Ahora que esos plazos comienzan a acercarse, la cuestión está explotando en Jerusalén.
A principios del verano de 2017, el periódico financiero «Calcalist» habló sobre un acuerdo mediante el cual el Patriarcado greco-ortodoxo habría vendido a otra sociedad los derechos futuros sobre 200 departamentos de Jerusalén, construidos y sub-alquilados por el Jewish National Fund que se encuentran en el corazón de la parte moderna de la ciudad. El asunto es que, en una ciudad en la que los precios de los inmuebles están por los cielos, se han desencadenado no solo temores de especulaciones, sino también las corrientes nacionalistas. El resultado es, precisamente, la propuesta de ley presentada en la Knesset y suscrita por una tercera parte de los parlamentarios locales, que limitaría gravemente la libertad de las Iglesias en la administración de sus propiedades. Debido al temor de que sociedades de países hostiles a Israel pudieran comprar inmuebles en Jerusalén de esta manera, se querría imponerles la venta solamente a compradores israelíes. Otro paso que, evidentemente, reduciría los espacios para los cristianos en Jerusalén.
«Es una propuesta de ley políticamente motivada —escribieron los líderes de las Iglesias— y un asalto más a los derechos que el Status Quo siempre ha garantizado». «Una comunidad cristiana vital y activa —se lee en la declaración— es un elemento esencial en la fisionomía de nuestra sociedad plural y cualquier amenaza a la comunidad cristiana solo puede aumentar las tensiones surgidas en esta región turbulenta». Por ello el llamado «a las Iglesias y a los fieles de todo el mundo, a los líderes de gobiernos y a todos los hombres de buena voluntad» a movilizarse para sostener a las Iglesias, «a las cuales la Divina Providencia ha encomendado tanto la custodia de los Lugares Santos como el cuidado pastoral de las comunidades cristianas locales».
