El régimen comunista está endureciendo su postura frente a las religiones, con las que históricamente mantiene una relación difícil, con una nueva normativa que aumenta los controles especialmente sobre las minorías cristianas y musulmanas.
En tiempos recientes muchos católicos han desafiado al Gobierno chino al asistir a las llamadas iglesias «clandestinas», en comunión con Roma y perseguidas por Beijing.
A partir de mañana, y en consecuencia, entra en vigor una versión revisada del Reglamento de Asuntos Religiosos que endurece el control de las autoridades sobre las actividades religiosas y establece nuevas responsabilidades legales y multas.
La represión no es nueva. En los últimos meses, China ha derribado varias iglesias alegando que eran ilegales, ha confiscado cruces y ha obligado a sustituir retratos de Cristo por otros del presidente Xi Jinping.
También ha prohibido los velos o barbas en el hogar de la minoría étnica uigur, de fe musulmana, y no permite que los niños asistan a actividades religiosas durante las vacaciones.
Aunque oficialmente en China existe libertad de culto, la realidad es bien distinta. «No se puede llamar libertad religiosa, sino persecución religiosa disfrazada de libertad», denuncia Brynne Lawrence, de la organización China Aid, que desde Estados Unidos coordina una amplia red de activistas y cristianos clandestinos chinos.
«China se asegura de que lo que se predica coincide solo con lo que el Partido Comunista (PCCh) quiere que la gente crea«, dice, y asegura que la situación en el país asiático es actualmente «la peor en términos de derechos humanos y libertad religiosa desde los días del presidente Mao».
Existen cerca de 10 millones de católicos en China, aunque divididos entre quienes siguen a la Iglesia oficial, cuyos obispos son nombrados por el Gobierno, y los fieles al papa Francisco, que practican la religión en iglesias no oficiales y son perseguidos por el régimen comunista.
Fuertes multas y amenaza de detención
La nueva normativa sigue prohibiendo a aquellos que no han obtenido el permiso gubernamental a ejercer como «profesionales religiosos», e insiste en que los grupos sin autorización no podrán recibir donaciones o difundir información religiosa en internet, entre otras.
Quien incumpla la ley, se enfrentará a sanciones más duras que las actuales, como multas de entre 100.000 y 300.000 yuanes (unos 13.000 y 39.000 euros) por organizar grandes eventos religiosos sin autorización.
Aunque, de momento, solo se especifican las sanciones económicas, todos saben que también existe el riesgo de ser detenido.
«Las nuevas regulaciones otorgan a los funcionarios más poder sobre los ciudadanos religiosos de China, y es probable que lo usen», advierte China Aid, que teme que ahora la represión aumente.
Uno de los jóvenes que acuden habitualmente a estas iglesias «clandestinas», y pide mantenerse en el anonimato- lamenta a Efe que las restricciones sean cada vez «más estrictas».
Suelen celebrar las misas en casas, aunque van cambiado de sitio para evitar ser detectados por la estricta vigilancia de las autoridades. Los sacerdotes, máximos responsables de estas reuniones clandestinas, corren ahora un mayor riesgo: «Me parece injusto», dice.
Sin embargo, el endurecimiento de la ley no ha sorprendido a los curas no reconocidos por Beijing , como es el caso de Xiao (nombre ficticio), que fue detenido en el pasado por formar parte del grupo de católicos clandestinos en China.
«Siempre nos han obligado a registrarnos. Esta ley no es nueva, porque antes ya nos lo pidieron y no lo hicimos», explica este cura, quien asegura que seguirá celebrando misa siendo fiel a sus principios.
Todos esperan que esta batalla entre China y el Vaticano acabe pronto y lleguen a un acuerdo, pues desde hace meses se ha producido un acercamiento entre ambas partes.
No sólo cristianos
Pero no solo los católicos son objetivo del régimen comunista. También los musulmanes, que en el país suman unos 20 millones, han sufrido recientemente las restricciones de las autoridades bajo el pretexto de «frenar el extremismo religioso».
Las autoridades igualmente han impuesto nuevos controles sobre el Larung Gar, la mayor academia independiente de budismo en el Tíbet, denunció Human Rights Watch.
A partir de ahora, en el monasterio se enseñará «el honor y apoyo al PCCh y el sistema socialista», y se entrenará a los monjes para que «defiendan la unificación de la patria, mantengan la unidad nacional y la religión patriótica y cumplan sus votos».